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Transparencia

El concepto de transparencia se cita a menudo en el lenguaje de las instituciones, donde designa la claridad en el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Está vinculado a reclamaciones formuladas desde diversos ámbitos para que se amplíe el acceso del ciudadano a la información y a los documentos de la Unión y se facilite la lectura de los textos (simplificación de los Tratados, consolidación y mayor calidad de redacción de los textos legislativos).

La falta de transparencia se menciona a menudo para reflejar un sentimiento generalizado de alejamiento de las instituciones europeas y de dificultad en la comprensión de los procedimientos de decisión para el ciudadano europeo.

Tratado de Amsterdam

El Tratado de Amsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Dicho Tratado modifica el Tratado de Maastricht, en particular con miras a la próxima ampliación de la Unión Europea. Introduce, entre otras cosas, una cláusula de flexibilidad que permite, en ciertas condiciones, constituir cooperaciones reforzadas entre determinados Estados miembros; transfiere al primer pilar (el pilar comunitario) una parte de los ámbitos contenidos en el tercer pilar en lo referente, en particular, a la libre circulación de personas. Crea una política comunitaria de empleo, prevé el principio del acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones, aumenta los procedimientos de codecisión y los casos en que el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada.

Véase;

Pilares de la Unión Europea

Tratado de Maastricht

El Tratado de Maastricht se firmó el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Reúne en un mismo conjunto -que denomina Unión Europea- las Comunidades, la política exterior y de seguridad común y la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los asuntos de Interior (JAI). Crea la Unión Económica y Monetaria (UEM) con una moneda única (el euro). Asimismo, consagra el concepto de ciudadanía europea y determina una mayor participación del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo estableciendo el procedimiento de codecisión (Consejo/Parlamento) para una serie de materias.

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas está formado por quince miembros nombrados por seis años por decisión unánime del Consejo de la Unión previa consulta al Parlamento Europeo. Comprueba la legalidad y la regularidad de los ingresos y de los gastos de la Unión, así como la buena gestión financiera.

Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está compuesto por quince jueces asistidos por nueve abogados generales nombrados por seis años, de común acuerdo por los Estados miembros. Ejerce dos funciones principales:

comprobar la compatibilidad con los Tratados de los actos de las instituciones europeas y de los Gobiernos;

pronunciarse, a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o la validez de las disposiciones del Derecho comunitario.

El Tribunal está asistido por un Tribunal de Primera Instancia, creado en 1989, que trata en particular de los casos contencioso-administrativos de las Instituciones Europeas y de los litigios suscitados por las normas de competencia comunitarias.